Leyes de telecom crean Internet contra el ciudadano

Un día vas caminando sobre la calle y ves que un policía está golpeando a un joven durante una protesta pública. Le tomas una foto con tu smartphone y la subes a las redes sociales para denunciar el hecho. No eres el único, varios más lo han hecho.

Al poco rato te quedas sin Internet y sin teléfono porque el Gobierno decidió que las imágenes sobre los policías golpeando a un manifestante representa una amenaza para la seguridad nacional y ordenó el interrumpir las comunicaciones en esa área. No hay forma de llamar a una ambulancia en caso de urgencia, los periodistas no tienen forma de comunicar la noticia y los ciudadanos están imposibilitados de mandar algún mensaje a sus familiares.

La preocupación es general, desde la sociedad civil representada en colectivos como Libre Internet para Todos, representantes de la industria de Internet y legisladores en la Cámara de Diputados quienes recibirán la iniciativa una vez que ésta sea aprobada por el Senado.

    “Todos somos testigos de las distintas “Primaveras” (movimientos sociales impulsados por jóvenes) y un solo elemento que se repite es la censura y el corte a las telecomunicaciones en eventos masivos. ¿Qué pasaría si la iniciativa se aprueba? Como está planteada, daría pie a cancelar Internet a los ciudadanos, porque los ciudadanos amenazaban seguridad nacional”, explicó Emilio Saldaña, director de Alternativa Digital y miembro del colectivo Libre Internet para Todos.

Luis Fernando García, representante de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, hizo notar a los senadores durante su participación en el Foro sobre las Leyes Secundarias de la reforma a telecomunicaciones, el viernes pasado, que estas medidas son características de países como Venezuela, Turquía y Ucrania, donde existen bloqueos a la labor periodística y el ejercicio de derechos humanos.

El presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información en la Cámara de Diputados, Juan Pablo Adame Alemán (PAN), comparte esta preocupación.

    “Abre la posibilidad de este tipo de escenarios que coartan derechos de libertad de expresión, de información, la privacidad de los usuarios y los principios de neutralidad de la red”, dijo.

A este escenario se suman otra serie de artículos propuestos por el Poder Ejecutivo, como el 189 donde señala una obligación establecida a los concesionarios de telecomunicaciones a “proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad”.

En los artículos 190 y 191 se agrega la obligación de permitir la intervención, por parte del gobierno, de las comunicaciones privadas, mientras que en el 192 obliga a los concesionarios a conservar un registro y control de los usuarios y las comunicaciones efectuadas durante dos años.

El colectivo de activistas digitales ContingenteMX, quien ha denunciado los casos de espionaje electrónico en México, advierte que cualquier funcionario público pueda vigilar a algún ciudadano sin una orden judicial de por medio y sin motivo legal para ello.

Jesús Robles Maloof, miembro de ContingenteMX y Libre Internet para Todos, pidió a los congresistas eliminar toda disposición relativa a la vigilancia electrónica o el limitar estas actividades y el establecimiento de salvaguardas legales pues la iniciativa no protege la privacidad de los usuarios ante una colusión entre autoridades y el crimen organizado, y lacera la libertad de expresión y la protección a periodistas y activistas.

La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) ve, además de las afectaciones a la libertad de expresión y la privacidad, una inviabilidad técnica en el bloqueo de las comunicaciones, la geolocalización, el rastreo de las comunicaciones y el resguardo de todos los registros durante el tiempo estipulado por la iniciativa.

Ángel Martínez, vicepresidente de Infraestructura de la Amipci aseguró en una entrevista que el delegar estas funciones a los proveedores de servicios de Internet y concesionarios de telecomunicaciones implicará un costo doblemente mayor al que actualmente se ejerce para el almacenamiento de recursos que actualmente es de 13 meses.

CENSURA INMINENTE

Aunque en la Estrategia Digital Nacional (EDN) de la Presidencia se plantea el impulso de las tecnologías de la Información basado en el acceso a Internet bajo principios como el derecho a la libertad de expresión y libre acceso a la información, la neutralidad de la red, la iniciativa del mismo Ejecutivo en las leyes secundarias al sector de telecomunicaciones dictan lo contrario.

El artículo 145, fracción III, la iniciativa señala que los concesionarios “podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.

    “Es el de más preocupación el intento de censura, bloqueo. Diversas disposiciones que hablan de bloquear un contenido cuando haya una orden judicial (...) nos preocupa el bloquear contenidos que sean ilegales o ilícitos pero no dice a juicio de quién”, reconoció Martínez, de la Amipci.

Otras iniciativas han intentado regular los contenidos de Internet como ACTA, la “Ley Sopita” de México o “Ley Amprofon” y los lineamientos del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) al que México busca adherirse y que criminaliza a usuarios y proveedores de Internet que compartan contenido “protegido por la ley”.

“Lo que estamos presenciando es la sombra constante de los intentos de regulación de distintas esferas a un entorno que precisamente no siendo regulado ha resultado de más beneficios. De ser posible se debe mantener Internet no regulada, que es más rico para procesos de innovación”, dijo Saldaña, de Alternativa Digital y promotor del software libre.

CIUDADANÍA IGNORADA

Durante los foros, organizaciones de la sociedad civil Libre Internet para Todos y la Red por la Defensa de los Derechos Digitales tuvieron, a última hora, un espacio en la celebración de los foros que sólo contemplaba a voceros de la industria, académicos y expertos.

“Lamentamos que otras voces que faltaron no están aquí”, dijo Robles Maloof a los legisladores.

La iniciativa de leyes secundarias presentada por el Ejecutivo y las discusiones en los foros organizados en el Senado tuvieron un punto en común: se privilegiaron a las empresas y la regulación del mercado pero dejaron a un lado a los usuarios de Internet.

    “El problema principal es que el usuario no está al centro de las modificaciones. El ciudadano no está en el centro de la discusión, no estamos considerados sino que somos el final de la consecuencia. El usuario en muchos aspectos necesita estar en el centro del diseño de las políticas públicas y debemos ser los primeros en participar. No queremos ser los primeros sacrificados”, explicó Saldaña.

La muestra está en la ausencia en la discusión de las propuestas ciudadanas, incluyendo la de Libre Internet para Todos, que fue respaldada por más de 127,000 firmas de ciudadanos pertenecientes al padrón electoral.

“A pesar de tener durante un año una propuesta ciudadana, el Congreso ha hecho caso omiso de una respuesta respaldada por más de 127,000 ciudadanos. La iniciativa que ahora se discuten son en cuanto a Internet, es el más grande reto regresivo autoritario desde que Internet existe en nuestro país”, advirtió Robles Maloof.

Adame Alemán, diputado del PAN, coincidió que estas firmas deben contar y tener su propia voz y se comprometió a darles cabida durante el análisis de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

“Se deberían abrir los espacios para escuchar la voz de esas firmas y tener consideración en estos puntos. A fin de cuentas también están viendo por los usuarios que aún no tienen Internet”, consideró.

A pesar del retroceso que conlleva la iniciativa presentada por el Ejecutivo, la comunidad de Internet ve optimista que los legisladores puedan revertir la propuesta del gobierno federal en materia de Internet.

El senador Javier Lozano Alarcón proyecta que esta iniciativa sea votada entre el 22 y el 25 de abril para que sea turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

Aunque para su aprobación todavía podrán pasar varias semanas, proyectó el legislador Adame Alemán, pues se tendrá que analizar en varias comisiones como la de Comunicaciones. También estará sujeta al calendario legislativo que tiene temas pendientes como la reforma electoral y la energética.

Durante estas semanas, la acciones de la sociedad civil serán de crucial importancia al hacer un fuerte llamado a los legisladores para •”evitar que el Internet se torne en un Internet en contra nuestro”, consideró Emilio Saldaña.

Pero Luis Fernando García, representante de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, advirtió que “faltan voces, falta tiempo y acción pública” para hacer que esta iniciativa tenga entre sus objetivos principales los derechos de las audiencias y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, y que no sea sólo una negociación entre oligopolios y el gobierno.

EL ECONOMISTA