Otra vez el Estado Mexicano al banquillo de los acusados

Cepiadet presenta queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la reforma Constitucional que legitima la imposición de administradores municipales

Miguel Angel Vásquez

Ya lo hemos dicho en este mismo espacio. El estado Mexicano se distingue a nivel mundial por estar a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos humanos, así como en la creación de instituciones vigilantes de la legalidad. 

Sin embargo, y a contrapelo de lo anterior, el mismo estado que reforma leyes y crea incluso jurisprudencia, es el encargado de violentar su propia creación. 

Un ejemplo claro de lo anterior ocurrió cuando en junio pasado la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación dio la razón al Congreso del Estado, quién sin consulta previa y en un acto violatorio de la autonomía de los pueblos indígenas reformó la Constitución local para poder imponer administradores municipales donde por cualquier razón faltara un presidente municipal.

Y es que, como parte de los usos y malas costumbres de nuestra política estatal, algunos actores políticos alientan conflictos municipales para destituir a quienes fueron electos y en su lugar colocar a los amigos, recomendados o socios bajo la figura de admistradores municipales. 

La acción violenta el derecho a elegir a sus autoridades, pero además la reforma impulsada desde el congreso violenta el derecho a la consulta, la autonomía y los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, tal como ya lo había reconocido el juzgado quinto de distrito al conceder el amparo 183/2014 promovido por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET). 

Sin embargo, el Congreso local impugnó la decisión. El juicio llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, la cual al resolver el amparo en revisión 147/2015 desechó el amparo con el argumento de que el litigió era de carácter electoral y consecuentemente debió tramitarse ante el Tribunal Federal de esa materia. 

Como contra esa determinación no cabe recurso alguno, ayer el Cepiadet interpuso una queja contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando lo que es gravísimo, que el Estado Mexicano viola los derechos que él mismo reconoce en su Constitución y lo que es todavía peor, lo hace desde el máximo tribunal de Justicia, el mismo que en octubre pasado anuló la Ley de Sistemas Electorales Indígenas por no haber sido consultada entre los pueblos originarios: es decir, con la misma razón que esgrimieron quienes demandaron por la imposición de administradores municipales al Congreso oaxaqueño. 

Así de incongruente es a veces nuestro sistema de justicia.