sábado, 3 de agosto de 2019

Busca hijo de ex Secretario de Hacienda amparo contra captura



Gonzalo Gil White, hijo del ex Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, presentó un amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra por el presunto desvío de más de 750 millones de pesos en el caso de Oro Negro.

También presentaron sus respectivas demandas de garantías José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso del Val Echeverría y Miguel Ángel Villegas Vargas, contra quienes también se libraron las capturas en el mismo asunto.

Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal, admitió a trámite las cinco demandas de garantías y giró oficios a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y los jueces capitalinos para que informen sobre el mandato judicial.

Según las listas judiciales, ni Gil White ni los demás imputados solicitaron la suspensión de la orden de aprehensión. El juez Vargas programó para el 20 y 21 de agosto las audiencias constitucionales, que son el último requisito para dictar las sentencias en el amparo.

El acuerdo publicado hoy por el juez Vargas Alarcón refiere que los cinco indiciados son defendidos por el despacho de Alberto Zinser, Julio Esponda y Fernando Gómez Mont.

El mes pasado el Juez Penal adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número 12 ordenó aprehender a Gil y los demás mencionados por los delitos de abuso de confianza y administración fraudulenta.

La imputación, basada en una denuncia de los tenedores de bonos de Oro Negro, refiere que los directivos dispusieron en forma presuntamente ilícita de más de 750 millones de pesos de su dinero.

La operación se habría hecho a través de las compañías Perforadora Oro Negro S. de R.L. de C.V. e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro S.A.P.I. de C.V, supuestamente controladas por los ahora prófugos de la justicia.

El 14 de junio pasado, un mes antes del libramiento de las aprehensiones, un juez federal declaró la quiebra de Oro Negro, al expirar el periodo para conciliar con acreedores que reclaman más de 6 mil 500 millones de pesos.

 

Fuente: Reforma