Propone Melina Hernández garantizar derechos humanos de ambientalistas y comuneros
*Hasta ocho años de prisión y multa de hasta 200 unidades de medida, la pena
Con una reforma el Código Penal del Estado de Oaxaca, la diputada local Melina Hernández Sosa propone aterrizar parte del Tratado de Escazú para proteger y garantizar los derechos humanos de ambientalistas y de los comisariados de bienes comunales.
La presente iniciativa consiste en modificar la denominación del Título Vigésimo Quinto para quedar: Delitos contra la Libertad de Expresión y contra el derecho a defender los derechos humanos y ambientales; además de adicionarle los artículos 424 bis, 424 ter, 424 quáter.
Con ello se busca imponer una pena de hasta ocho años de prisión y 200 Unidades de Medida de Actualización (UMA) a quienes utilicen la violencia física o moral, impida u obstaculice el derecho de acceso a la información ambiental y el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales.
“Cuando la víctima sea autoridad municipal, comunal o representante de un pueblo o comunidad indígena y esté actuando en cumplimiento de un mandato de la Asamblea Comunitaria, se aumentará la sanción al doble”, asentó Melina Hernández.
En la denuncia por los delitos contemplados, precisó que el Ministerio Público emitirá las medidas cautelares o provisionales que corresponda, a fin de salvaguardar la integridad física y psicológica de la persona defensora.
“Con esto los agresores tienen una sanción específica por los delitos que cometan y los activistas cuentan con una protección jurídica para el desempeño de sus funciones. Es un primer paso, aún hay mucho por legislar para aterrizar en la práctica los tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos y ambientales”, expresó.
La también legisladora de morena por el Distrito 09 con cabecera en Ixtlán de Juárez, fundamentó que con base a los datos de la organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en 2019 Oaxaca registró el mayor número de agresiones contra ambientalistas.
En este sentido, se refirió al asesinato del estudiante y activista Roy Martínez Pérez de San Agustín Loxicha; de Jaime Jiménez Ruiz, quien se oponía a la construcción de proyectos hidroeléctricos en Santiago Jamiltepec; y la desaparición forzada de la activista mixteca Irma Galindo Barrios.
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