Fox actuó en 2006 por presiones de Calderón para que PRI lo legitimara a cambio de protección a URO

Pedro Matías

OAXACA, Oax.- A una década del conflicto sociopolítico de 2006, el ex presidente Vicente Fox se lavó las manos al afirmar que actuó por la presión que recibió por parte de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, para enviar las fuerzas federales a Oaxaca, ya que de esto dependía garantizar que el PRI estuviera presente en la toma de protesta presidencial.

En el Informe que dio a conocer hoy la Comisión de la Verdad de Oaxaca se desprende que Fox actuó por la crisis poselectoral que existía en el 2006 debido a que Andrés Manuel López Obrador reclamaba un fraude y Calderón Hinojosa necesitaba del PRI para legitimarse, partido que como moneda de cambio pidió la protección para Ulises Ruiz Ortiz.
En su testimonio dado a la Comisión de la Verdad, el ex presidente Fox también explicó que esta decisión rompió un paradigma que existía en la institución presidencial después de la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, el cual impedía a los mandatarios de la República ordenar la represión directa en contra de un movimiento social.

Fox consideró que el operativo implementado en Oaxaca el 29 de octubre de 2006 acabó con lo que consideró “el síndrome presidencial de Tlatelolco” (“ningún presidente quería ser Gustavo Díaz Ordaz”) y aseguró que, en continuación con ello, su sucesor, Felipe Calderón, mantuvo y acrecentó las acciones represivas directas en contra de los movimientos sociales bajo el contexto del combate a las drogas.

El consejero Diego Enrique Osorno manifestó que “esta caracterización hecha por el expresidente, sumada a otros testimonios y análisis recabados por la CVO, permiten considerar que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos” ocurrida en septiembre de 2014”.

En su comparecencia, Fox reconoció que inicialmente la Secretaría de la Defensa Nacional se negó a participar en el operativo; sin embargo, luego terminó por aceptar que envió a un grupo de militares vestidos de policías federales en la represión de 2006.

Integrantes de la Comisión de la Verdad Alejandro Solalinde Guerra, Marina Patricia Jiménez y Diego Enrique Osorno, reiteraron el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz es responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto sociopolítico de 2006-2007 derivadas de la ingobernabilidad, entonces, hay una responsabilidad de Estado.

Adelantaron que en el mes de abril acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en una audiencia pública entregarán el Informe, mismo que fue presentado el 16 de abril en la Alameda Central del Oaxaca en un acto público para que la sociedad conozca los hechos que motivaron violaciones a los derechos humanos acontecidos en los años 2006 y 2007.

Sin embargo, a partir de hoy se dan por concluidos los trabajos de la Comisión de la Verdad y en el transcurso de este día harán entrega del informe a los tres poderes del Estado y se realizarán todos los trámites administrativos para el cierre de la gestión.

A partir de la entrega del informe se iniciará un proceso de edición y publicación del mismo a fin de que el pueblo de Oaxaca conozca la versión de los acontecimientos investigados por esta Comisión.

En el Resumen Ejecutivo explicaron que la Comisión de la Verdad inició sus funciones en septiembre de 2014, de conformidad al Decreto legislativo 2056 y ejerció un presupuesto total de 18 millones 173 mil pesos durante su periodo legal de existencia, entre septiembre de 2014 y febrero de 2016, cantidad que equivale al gasto que hizo el gobierno federal para publicitarse en medios de comunicación en tan sólo tres días.

Entre sus conclusiones mencionó que a partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del Gobierno estatal con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que conformarían a la postre el movimiento social: el objetivo común fue la destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador.

Mientras que el movimiento se dio a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas, la toma de instituciones, el bloqueo de carreteras, la instalación de barricadas, los paros sindicales y las manifestaciones, el gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales, decantándose en mayor medida por los segundos para tratar de contener la inconformidad generalizada.

En respuesta con el apoyo de la PFP y del Ejército se realizaron los operativos 14 de junio, Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007).

A una década del conflicto de Oaxaca


El Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos.

La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.

A casi una década, la población oaxaqueña no ha tenido conocimiento de la cantidad de recursos públicos que se erogaron para publicitar al Gobierno de Oaxaca en medio de la crisis social. Asimismo, se desconoce el monto destinado a los distintos medios de comunicación que lo recibieron bajo el concepto de publicidad oficial. Esta situación está directamente relacionada con temas de transparencia, acceso a la información y gasto público.

Oaxaca-2006-Brad-WillLa CVO logró registrar que al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de los medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión. Asimismo, fueron ejecutados al menos dos periodistas entre octubre y diciembre del año 2006, Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez.

La CVO manifestó la existencia de 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otras víctimas que, por diversas razones, no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.

Con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluyendo al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Solamente atendieron este llamado el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva. En el apartado de anexos de este informe, se mencionan los nombres de los 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que las víctimas entrevistadas por la CVO señalan de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto.


Respecto a los casos de Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, la CVO concluyó que existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado.

Durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de actuación por parte del Estado. En primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. En su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos, donde las torturaban.


El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad, la cual volvía a torturarlas, y esta, a su vez, las ponía a disposición del Ministerio Público. Después de la entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, fueron incluidos en esta cadena de custodia, elementos del Ejército, bajo el formato de “personal comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por consiguiente de acuerdo con la información recabada por esta CVO, tanto en documentación oficial como mediante la recolección de testimonios, existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores; y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, en una serie de agravios cometidos contra Emeterio Marino Cruz, los cuales incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, entre otros.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, operado por la Secretaría de Gobernación, la de Defensa Nacional y Presidencia de la República, se tienen documentadas 216 personas desaparecidas de 2005 a julio de 2015, en 35 de los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca. De estas cifras, 97 desapariciones se registraron durante el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio del gobierno de Gabino Cué Monteagudo hasta julio de 2015.

De las 216 desapariciones, 18 pertenecen al fuero federal y se encuentran en el periodo de 2005 a julio de 2015; mientras que 198 corresponden al fuero común, registradas en el periodo de 2007 y 2015. De esas cifras, 115 son varones y 101 mujeres, la media de edad es de 27 años.

Oaxaca-2007-2También se estableció la responsabilidad del Senado de la República ya que atendió la solicitud de desaparición de poderes en el Estado privilegiando los intereses políticos enmarcados en la sucesión presidencial de 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en el estado de Oaxaca, donde se cometieron una serie de violaciones graves a los derechos humanos, luego de su negativa.

Aunque se realizaron dos procesos de reparación hacia las víctimas del conflicto. Uno a través del fideicomiso F/2001442 conseguido por la dirigencia de la Sección XXII mediante negociación con la Secretaría de Gobernación en 2006, por la cantidad de 5 millones de pesos, mismos que fueron destinados a 16 deudos de personas que fueron víctimas de homicidio durante los años 2006 y 2007 en Oaxaca.

Otro es el fondo gestionado por la Coordinación de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca a partir de una demanda civil, lo que derivó en un acuerdo con el Gobierno estatal, por 11 millones de pesos para 64 víctimas, que presuntamente recibieron 170 mil pesos cada una, la realidad es que contribuyó a la división y confrontación entre víctimas.

Finalmente, la enorme mayoría de las víctimas de violación de derechos humanos que entrevistó la CVO coincide en señalar que el gobierno encabezado por Gabino Cué Monteagudo no brindó justicia, debido a que los perpetradores no han sido sancionados y a que las víctimas no han sido reparadas de manera integral.

Las víctimas señalan que se sienten engañadas, pues ha sucedido todo lo contrario, los presuntos perpetradores fueron premiados con puestos en el gobierno de la alternancia y, a últimas fechas, algunos de ellos o ellas se han postulado como candidatos para ocupar puestos públicos en las siguientes elecciones.

    Esta CVO considera que el mantener a los perpetradores y encubridores del conflicto del 2006 y 2007 en cargos públicos, es algo que fortalece la impunidad y daña el proceso de transición democrática.(Pagina3)