Comando secuestra a seis mineros en la Tierra Caliente de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un grupo armado privó de su libertad a seis trabajadores de la mina Beneficiadora de Minerales Temixco, ubicada en el municipio de Arcelia, desde hace dos días, y hasta la fecha se encuentran desaparecidos en la convulsionada región de Tierra Caliente de la entidad.

El hecho violento se registró en las inmediaciones del poblado de Valle Galeana, municipio de Ajuchitlán del Progreso donde fue localizada la camioneta en la cual viajaban los trabajadores de la minera, indican reportes oficiales.
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Los mineros, entre los que se encuentra un ingeniero, salieron el sábado pasado de la cabecera municipal de Arcelia rumbo a la mina ubicada en el poblado de Temixco.

No obstante, los trabajadores no llegaron debido a que durante el camino fueron interceptados por sujetos armados que operan en esta zona controlada por la delincuencia y donde ya se han registrado secuestros masivos y el desplazamiento de personas por la narcoviolencia.

Directivos de la minera presentaron este lunes una denuncia por desaparición de personas ante autoridades ministeriales y hasta el momento se desconoce el paradero de las víctimas.

Por su parte, el gobierno estatal confirmó el secuestro masivo en Tierra Caliente y se limitó a informar que ya investigan el hecho.

Apenas en enero de este año Proceso difundió un texto titulado “En Tierra Caliente se muere de impunidad”, donde se dio a conocer que el secuestro masivo de 21 personas, entre ellas una familia en Arcelia y cinco profesores en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, exhibió la impunidad y violencia que prevalecen en la entidad.

La acción criminal también evidenció el fracaso de la estrategia de seguridad federal coordinada por el Ejército desde diciembre de 2014 en la región de la Tierra Caliente, donde la delincuencia mantiene su control territorial.

El grupo que dirige un sujeto conocido como El Tequilero, al servicio de Guerreros Unidos, le disputa a La Familia, encabezada por Johnny El Mojarro Olascoaga Hurtado, el control de las zonas de producción y trasiego de drogas en la zona norte y la región de Tierra Caliente. Sus recientes saldos muestran cómo la delincuencia logró enquistarse en la industria minera, en la que se han convertido en socios de las empresas extranjeras, e incluso les rentan maquinaria con la anuencia de autoridades de los tres niveles.

Desde el año pasado, el exdiputado federal perredista vinculado con el narco, Catalino Duarte Ortuño, acusó públicamente al exalcalde de San Miguel Totolapan y actual diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco, de ser compadre de El Tequilero y permitir que convirtiera en su bastión este municipio, considerado como el principal en la producción de heroína y mariguana.

El secuestro masivo provocó malestar generalizado en la región de Tierra Caliente, que colinda con Michoacán y el Estado de México, donde la narcoviolencia provocó el cierre de comercios y la salida de empresas trasnacionales, como Coca Cola-Femsa.

En ese entonces, una veintena de planteles cerraron ante la falta de garantías de seguridad para los profesores. Familiares de los maestros secuestrados salieron a pedir dinero porque los plagiarios exigieron 2.5 millones para liberarlos.

Incluso, decenas de personas marcharon en Arcelia y bloquearon la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano para exigir la liberación de los 16 plagiados. También exigieron que se fuera la Policía Federal, por sus presuntos nexos con el crimen y pidieron ayuda directamente al narco para liberar a sus familiares.

En respuesta, las autoridades estatales hicieron contacto con el grupo de El Tequilero y negociaron la liberación de los 21 secuestrados de los que se sabía hasta ese momento: 16 hombres de Arcelia y los cinco profesores de Ajuchitlán, informaron fuentes gubernamentales a Proceso.

Siete meses después nuevamente se registra un secuestro colectivo en esta franja de la Tierra Caliente, donde la confrontación que mantienen las bandas delincuenciales ha exhibido los nexos de políticos y autoridades civiles y castrenses con el narco.
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