Rechazo total a la Ley de Seguridad Interior


El día de ayer se aprobó en la cámara de diputados federal, la Ley de Seguridad Interior. Desde la sociedad civil y desde CODIGODH tenemos una gran preocupación por el retroceso que miramos en los avances alcanzados con la reforma de derechos humanos de 2011, especialmente en el párrafo 3o del Artículo 1 que señala: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

Diversos análisis han señalado que dicha ley perpetua un modelo de seguridad pública donde las fuerzas armadas cumplen tareas policíacas, y en la que tampoco prevee verdaderos controles que permitan el respeto de los Derechos Humanos.

Esto ya lo hemos visto ante la falta de protocolos de actuación, el uso excesivo de la fuerza y su intervención en protestas sociales, la cual se legalizaría con la nueva ley.

Es importante denunciar que la ley de seguridad interior es inconstitucional ya que el Congreso NO está facultado para legislar en este tema, de acuerdo al artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Además advertimos de con su aprobación, se generaría mayor violencia; así sucedió a partir de 2007 cuando las fuerzas armadas fueron usadas en la guerra contra el narcotráfico, con un saldo de más de 30 mil personas desaparecidas, por las mismas fuerzas armadas.

Bajo esta circunstancia, la Ley fue remitida a la cámara de senadores para su revisión, por tanto, hacemos un llamado al Senado de la República para que revisen las graves contradicciones de la ley que van a aprobar con el texto del Artículo 1o y los artículos relacionados con la seguridad nacional de la propia Constitución.

Desde CODIGODH exigimos que se respete y garanticen los derechos humanos de la población, como representantes populares que son, tienen esa obligación.