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A un año del 7S, pobladores de Unión Hidalgo, Oaxaca, denuncian apoyos incompletos para reconstrucción



Eréndira Aquino

A un año del sismo del 7 de septiembre, pobladores de la comunidad Unión Hidalgo, del estado de Oaxaca, anunciaron que han presentado cuatro demandas de amparo contra autoridades de los tres niveles de gobierno, por el retraso en la reconstrucción de una escuela secundaria, por los apoyos a damnificados que se entregaron de forma incompleta y para que incluyan a todos los afectados en los censos oficiales.

Édgar Martín Regalado, vocero de la asociación de padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 33, señaló en conferencia de prensa que a un año del sismo, los estudiantes de este plantel continúan acudiendo a clases de manera irregular, en aulas temporales, aunque las autoridades del gobierno de Oaxaca no han terminado todavía de demoler las partes del edificio que resultaron dañadas.

De acuerdo con Édgar Martín, las autoridades del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) se comprometieron por escrito a terminar con la reconstrucción de las 11 aulas dañadas antes de que comenzara el actual ciclo escolar, aunque actualmente solo han avanzado en un 15% de las labores.

El padre de una estudiante de la Secundaria Técnica No. 33 explicó que se determinó la pérdida total de uno de los laboratorios del plantel, 11 salones, un módulo de baños, el garaje del transporte escolar, una barda perimetral y el edificio del personal administrativo, mismos que fueron sustituidos por aulas temporales.

Martín Regalado señaló que el material liviano con el que están construidas las aulas temporales pone en riesgo a los alumnos, dado que la comunidad, ubicada en la zona del Istmo en Oaxaca, presenta constantemente fuertes ráfagas de viento.

Por ello, acompañados del abogado José Antonio Pelayo, presentaron un amparo en noviembre de 2017, para exigir a las autoridades acelerar las labores de reconstrucción total del plantel.

Ante la falta de celeridad para que se resuelva el amparo, los padres de familia acudieron ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, donde presentaron una queja contra del Inifed, el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, el presidente Enrique Peña, el gobernador Alejandro Murat y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

A través de esta queja, los padres reclaman a las autoridades el garantizar el derecho a la educación de los más de 400 estudiantes de la Secundaria Técnica No. 33 que resultaron afectados.
Damnificados se amparan para que se haga un nuevo censo

Víctor González, abogado que asesora a los pobladores de Unión Hidalgo, señaló que en mayo pasado, damnificados que no fueron censados por las autoridades federales después del sismo del 7 de septiembre interpusieron un amparo para que el gobierno los considere como beneficiarios de los apoyos sociales para reconstrucción.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en Unión Hidalgo, el sismo del 7 de septiembre de 2017 destruyó el 80% de las viviendas y edificios públicos. De las 2 mil 811 casas afectadas, un 67% quedó en condiciones de pérdida total.

Sin embargo, explicó Édgar Martín, en los 15 días posteriores al terremoto se registraron 4 mil 326 réplicas por lo que algunas viviendas que no fueron reconocidas como dañadas por las autoridades se vieron afectadas después de que las autoridades de Sedatu hicieron la revisión de los inmuebles de la comunidad.

González informó que el amparo que presentaron para que se realice un nuevo censo y reclasifiquen los daños de parciales a totales, o se considere a algunas personas como víctimas beneficiarias, se encuentra en trámite en el Juzgado Décimo Segundo en Materia Administrativa de la Ciudad de México, y está dirigido a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda.

Además de este amparo, mencionó el abogado, algunos de los damnificados que sí fueron considerados en el primer censo buscan ampararse contra el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Bansefi), pues los apoyos de reconstrucción se les entregaron incompletos, se les retiraron sin aviso previo de las cuentas bancarias asignadas o fueron congelados, impidiendo su uso por parte de las víctimas.

De acuerdo con Víctor González, los pobladores cuentan con documentos que acreditan que, incluso en los casos en los que los apoyos fueron depositados parcialmente en las cuentas de los damnificados, Bansefi realizó retiro de una parte del dinero asignado en cada caso, por lo que exigen a las autoridades que se otorguen de manera total las cantidades establecidas por ley para los afectados.

“Todas las autoridades contra las que se ha buscado amparar la comunidad han negado los actos reclamados, dicen que no tienen responsabilidad. La única que aceptó tener injerencia en el tema fue la Sedatu, acerca de los apoyos incompletos, pero señaló que ya cumplió con su parte, pues pidió a Bansefi reintegrar el dinero a los afectados.

Por ahora, informó el abogado, continuarán a la espera de que se resuelvan los amparos presentados y a que los apoyos para la comunidad lleguen de manera rápida para que los damnificados puedan iniciar o continuar con la reconstrucción de sus viviendas, aunque en algunos casos, lo primero es que cuenten con documentos que acrediten que los terrenos y edificios dañados son suyos, porque algunas personas no cuentan con los títulos de propiedad.

Los representantes de los abogados, del despacho Regalado & Galindo, destacaron que los afectados buscan recomponer su pueblo no solo reedificando sus viviendas, sino también reconstruyendo la manera de hacer que el gobierno haga su trabajo.

“Hay que educar al gobierno para que no solo responda ante marchas y bloqueos carreteros, sino principalmente ante la ley y los tribunales”, señaló Édgar Martín.

Para el poblador de Unión Hidalgo, es importante que el Estado “no solo prometa actuar, sino que diga con claridad qué autoridad será responsable de ello y en qué plazo cumplirá”.

Animal Político

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