A un mes de denuncias de espionaje, gobierno de Dávila calla

Comunicado

A un mes de que periodistas de #Tuxtepec denunciaran al edil de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila por el presunto delito de espionaje y acciones intimidatorias de parte de asesores, el gobierno municipal ha guardado un silencio sospechoso al no ahondar en las investigaciones.

La intolerancia

La intolerancia de la actual administración a la crítica, se hizo patente, cuando a través de redes sociales y medios de comunicación, comenzaron a publicar hechos relacionados con las acciones gubernamentales.

Los periodistas Oswaldo Martínez Oropeza y Claudia Ramos, fueron las primeras víctimas del acoso e intimidación pues sus perfiles de Facebook fueron clonados y a través de perfiles falsos recibieron ataques a su vida personal.

Sin embargo, fue el 9 de marzo cuando se filtró en cuentas falsas de Facebook un video en el que la entonces directora de comunicación social del ayuntamiento de Tuxtepec, Luisa Adriana Cunjamá Hernández vertía supuestos comentarios críticos contra miembros del gobierno municipal.

Éste hecho, provocó la protesta generalizada de medios de comunicación y periodistas, quienes acusaron a Bautista Dávila de instrumentar una campaña en contra la libre expresión desde perfiles falsos en redes sociales, amenazas contra reporteros críticos, manejo de bots cibernéticos y llamadas de sus supuestos asesores a dueños de medios de comunicación para amedrentarlos por señalar errores a su administración.

Denuncia ante la PGR

Ante estos hechos que constituyen una clara violación a libertad de expresión, los periodistas afectados interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) pidiendo que el caso fuera atraído por la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Al mismo tiempo, el gremio periodístico de la Cuenca del Papaloapan, exigió la intervención de los gobiernos estatal y federal para que frenen el espionaje contra comunicadores y se castigue a los responsables de atentar contra la libertad de expresión.

Los periodistas unidos de Tuxtepec, solicitaron además, la intervención de la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y de Articulo 19.

De la misma forma recibieron adhesiones y respaldo de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), periodistas del Istmo, Costa y Valles Centrales.

El silencio de Fernando Bautista Dávila

Tras los hechos ocurridos el 9 de marzo, el edil, Fernando Bautista Dávila en entrevistas y mediante un boletín oficial, afirmó que solicitaría una investigación del supuesto espionaje dentro del ayuntamiento, sin que a la fecha haya dado la instrucción a Contraloría Municipal ni ningún otro órgano de la administración pública el inicio de dicha indagatoria.

En el mismo boletín, el munícipe aseguró haber recibido dos audios, después de haberse filtrado en redes sociales, donde se escucha la voz de la funcionaria municipal; de acuerdo con lo manifestado en su comunicado, los audios serían entregados a las autoridades correspondientes para que se realizaran las investigaciones pertinentes y se deslindaran responsabilidades, hecho que nunca ocurrió y quedó demostrado en la conferencia de prensa que ofreciera el 15 de marzo.

En dicha conferencia de prensa el munícipe tuxtepecano presentó copia de la intervención a la denuncia presentada por los periodistas ante la PGR y se comprobó por propia voz y del director jurídico del ayuntamiento, que los audios nunca fueron entregados y en cambio se usó la publicación de un medio de comunicación para “aportar pruebas” a la denuncia.

El asesor y secretario técnico que no figuró en el organigrama

Durante las manifestaciones de inconformidad por lo ocurrido, periodistas denunciaron que las presiones y acoso se dieron a través de uno de los asesores del presidente municipal, Pablo Estrada Tenorio, quien de acuerdo con una carta de renuncia presentada el 14 de marzo ocupaba el cargo de Secretario Técnico de la presidencia municipal desde el día 2 de enero.

Cuestionado por la figura de “asesor” de Pablo Estrada, Fernando Bautista Dávila reiteró las declaraciones publicadas el 3 de marzo, en las que afirmó solo tener un asesor financiero y que Pablo Estrada era Secretario Técnico y el resto “colaboradores”.

Sin embargo, el mismo día que él ofrecía la conferencia de prensa en la sala de regidores, trascendió que Bartolo Estrada –padre de Pablo Estrada- habría despachado en presidencia durante la mañana y parte de mediodía.

Durante la conferencia, Bautista Dávila exhibió un documento de renuncia con la tinta del sello aún fresca; sin embargo, en la sesión de Cabildo del 22 de marzo, se habría exhibido que dicho nombramiento nunca existió.

De acuerdo con un oficio emitido por la Jefatura de Recursos Humanos marcado con el número JRH/674/2017  con fecha del 11 de marzo de éste año, el responsable del área Gilberto Manuel Gutiérrez Márquez habría entregado al regidor Francisco Niño una relación de la plantilla laboral de confianza, en la cual no figuraba ni el cargo de Secretario Técnico ni el nombre de Pablo Estrada Tenorio quien recibía un salario de 30 mil pesos mensuales.

Exhibido tal cual y ante la petición de una explicación, el edil sólo se atrevió a responder que del asunto debería responder Recursos Humanos, pese a que el documento presentado en Cabildo estaba signado por dicha área.

La cortina de humo, para que el asunto no siguiera en discusión la tendieron la regidora de rastro, Guadalupe Santos Guerrero con el argumento de las ausencias del regidor Niño Hernández al igual que el síndico procurador Gabriel Reyes Begines.



Voces a favor de la libertad de expresión

En los días siguientes fueron surgiendo voces a favor de la libertad de expresión como fue el caso de los diputados locales Irineo Molina Espinoza y Fernando Huerta Cerecedo quienes se manifestaron en apoyo a la demanda de los periodistas y los medios de comunicación.

De igual forma se manifestaron líderes sociales quienes consideran que la labor que realizan los medios de comunicación debe ser salvaguardada por las autoridades y la sociedad misma.

Lo mismo hicieron los regidores Francisco Niño Hernández y Julián Cruz Olivera, quienes consideraron necesario que se realizara una investigación al interior del ayuntamiento y deslindar responsabilidades.

Sin embargo, a casi un mes de las denuncias de espionaje y condena a la censura, el gobierno que preside Fernando Bautista Dávila, guarda un silencio sepulcral.