Javier Duarte, botón de muestra de la generación podrida de gobernadores del PRI, está en el Reclusorio Norte
Al arribar a territorio nacional, Duarte de Ochoa fue notificado de la ejecución de la orden de aprehensión federal correspondiente y que es solicitado en la audiencia de ley para ser puesto a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.
A las 13:52 de la tarde, el ex mandatario fue trasladado dentro de una camioneta blindada tipo suburban al reclusorio, fue escoltado por al menos tres camionetas de la Agencia de Investigación Criminal. Posteriormente, llegó al Reclusorio Norte para su audiencia, donde espera ser juzgado por varios delitos federales y estatales relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
Duarte de Ochoa es apenas uno de los ex gobernadores priistas señalados en los últimos años por desvío de recursos públicos, lavado e incluso narcotráfico. En Italia se encuentra detenido Tomás Yárrington, quien probablemente sea extraditado directo a Estados Unidos. En Panamá está Roberto Borge, quien se negó a que se le extradite. Y César Duarte, de Chihuahua, es perseguido por la justicia internacional también por el saqueo de las arcas públicas; se cree que se esconde en Estados Unidos, país en el que fue visto por última vez.
Durante la campaña de 2012, el entonces candidato Peña Nieto puso tanto a los Duarte como a Borge como ejemplos del “nuevo PRI”.
De los 32 gobernadores que han administrado el país a la par del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, sólo entre los 22 que son priistas han desviado alrededor de 258 mil 829 millones 185 mil pesos de los recursos públicos, de acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Hasta el momento, sólo cinco de ellos han sido detenidos o tienen orden de aprehensión y cuatro han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR). Entre sus señalamientos destacan ropa de lujo, mansiones, un banco o un rancho con lago incluido.
De mayor a menor monto desviado, según lo que se ha documentado, destacan las gestiones del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez (2010-2016), buscado por la Interpol, y la del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016). Pero los Duarte sólo son una parte del desfalco total de los mandatarios emanados del PRI a las entidades del país.
Un juez dictó un auto de formal prisión en contra del chihuahuense a finales de mayo, pero desde que circuló una fotografía del priista en Texas, Estados Unidos, se desconoce su ubicación.
Entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos, que sumaron 80 mil millones de pesos, de sus propios fondos públicos a la Unión de Crédito Progreso, el banco del que Duarte Jáquez es socio. En un sólo día, el 2 de diciembre de 2013, el Gobierno de Chihuahua depositó al banco mil 208 millones de pesos.
Además, en noviembre pasado, el panista Gustavo Madero denunció al ex Gobernador por el supuesto desvío de al menos 500 millones de pesos a través de empresas fantasma.
La actual administración de Chihuahua ha evidenciado también el desfalco de César Duarte. El Gobernador Javier Corral lo ha acusado de tener una “red de corrupción”; y el Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes, documentó que la deuda del estado creció 284 por ciento durante la gestión del priista al pasar de 12 mil 547 millones a 55 mil millones de pesos. En relación al Producto Interno Bruto Estatal (PIB), la deuda equivale a 8.3 por ciento, lo que la pone como la más alta en todo el país.
LAS ACUSACIONES CONTRA DUARTE
Duarte espera ser juzgado por varios delitos federales y estatales relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
El ex Gobernador se encontraba recluido en Guatemala desde el pasado abril de 2017 en una cárcel para reos de alto perfil. Sobre él pesan dos solicitudes de extradición: una por delitos de corrupción en Veracruz y la otra por delitos de orden federal de delincuencia organizada y lavado de dinero, según el fiscal de asuntos internacionales de México, Alberto Elías.
Guatemala estaba lista para entregar a Duarte desde el pasado 4 de julio, cuando la justicia local aceptó la segunda orden de extradición, pero México solicitó que fuera entregado este lunes.
Su abogado, Carlos Velásquez, llegó a la Fuerza Aérea para presenciar la entrega del ex Gobernador. A su llegada dijo que Duarte será ingresado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México y que está de buen ánimo “pues espera solventar su situación”.
Javier Duarte gobernó Veracruz del primero de diciembre de 2012 al 12 de octubre de 2016, fecha en que solicitó licencia al cargo.
En ese mes, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo la orden de captura en el ámbito federal que existe en su contra y que constituyó el mandamiento con el cual se sustentó su detención el pasado 15 de abril en un hotel ubicado en Panajachel, Guatemala, uno de los sitios turísticos más importantes del país, donde se entregó voluntariamente.
En las acusaciones federales (independientes a los cinco cargos en su contra que forman parte de dos procesos en el fuero común a solicitud del gobierno de Veracruz) se le acusa de haber desviado 570 millones de pesos, tanto de recursos tanto federales como estatales destinados a programas de salud y educación. Estos recursos fueron a parar a empresas fachadas; también se le responsabiliza de la adquisición de 21 parcelas en el estado de Campeche, con recursos ilícitos y utilizando prestanombres.
Entre los cargos que la justicia mexicana ha señalado están la malversación de 220 millones de pesos mexicanos durante 2015, adquisición de varios bienes inmuebles a través de testaferros y empresas de cartón provenientes de fondos públicos y uso personal de un helicóptero del estado mexicano cuando ya no era funcionario público.
Duarte ha negado los cargos y ha dicho que las acusaciones son infundadas y que carecen de pruebas.
LA REGIÓN SEMANARIO